Quienes suscribimos esta carta somos organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y personas de la sociedad civil que, desde hace décadas, defendemos la vida, el territorio, los derechos de las comunidades en Colombia y protegemos a quienes defienden derechos. Le escribimos con una exigencia concreta, verificable y urgente: falta una firma para que la política sea una realidad.

Colombia ha acumulado tres décadas de anuncios, planes marco y comisiones sobre la protección de quienes defienden derechos humanos. Cada uno de esos instrumentos nació con la promesa de ser distinto, y cada uno se topó, tarde o temprano, con la misma pared: la falta de voluntad política para llevarlo hasta el final.

Hoy esa distancia entre el papel y la firma es más corta que nunca. El texto está listo. La concertación con la sociedad civil ya ocurrió. La orden de la Corte Constitucional lleva más de dos años vigente. Solo falta que el Gobierno Nacional haga lo que le corresponde: firmar.

Mientras el decreto espera en un despacho, en los territorios de Colombia la violencia contra quienes lideran, denuncian y defienden no espera. Firmar el decreto no es un gesto simbólico: es una medida de protección real, exigible y urgente.

Quedamos atentas y atentos a una respuesta concreta y a la publicación del decreto antes del cambio de gobierno.

El 19 de noviembre de 2025, después de dos años de mesas técnicas, encuentros territoriales y un seminario nacional de concertación formal entre delegados y delegadas territoriales, las plataformas de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Plataforma Colombiana  de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Cumbre Agraria Étnica y Popular, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU 546 de 2023 – COSESU, así como el Programa Somos Defensores con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación se entregó el documento técnico consolidado del Plan Integral de la PPIGLDDH. Ese mismo proceso de concertación produjo el texto del proyecto de decreto que adicionaría el capítulo correspondiente al decreto único reglamentario del sector Interior (Decreto 1066 de 2015) para darle fuerza jurídica vinculante a esta política.

El documento existe. El acuerdo con la sociedad civil existe. Lo único que falta es la firma presidencial que lo convierta en norma.

Este no es un trámite administrativo más. El 6 de diciembre de 2023, la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-546 de 2023 y declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre los derechos de la población líder y defensora de derechos humanos en Colombia, por la falta de concordancia entre la persistente y grave violación de sus derechos fundamentales y la respuesta institucional. En la orden 28 de esa sentencia, la Corte mandató al Gobierno Nacional y a la Fiscalía a construir, de manera concertada con la sociedad civil, este Plan Integral. Es decir: el decreto que pedimos, es el cumplimiento de una orden judicial en firme.

  • Según el más reciente informe de Front Line Defenders, al menos 358 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 28 países durante 2025, de acuerdo con las estadísticas recopiladas y verificadas por el Memorial de Derechos Humanos. Colombia encabezó la lista con 165 asesinatos documentados, seguida por México (43), Palestina (43), Brasil (22) y Honduras (13).
  • El año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro fue el 2025. Así lo evidencian las 874 agresiones de las cuales 165 fueron asesinatos, hechos verificados por el Sistema de Información del Programa Somos Defensores durante esa anualidad en su informe “Promesas Rotas”. Dos cifras que deben ser valoradas, entre otras cosas, a la luz del lamentable aumento en las afectaciones humanitarias que se han profundizado en Colombia.
  • Entre 1995 y 2021 se expidieron más de 34 instrumentos jurídicos —leyes, decretos, programas y comisiones— destinados a proteger a esta población, y aun así la Corte Constitucional tuvo que declarar un estado de cosas inconstitucional sobre la situación de riesgos y violencia contra personas defensoras. La proliferación de normas sin coordinación ni fuerza vinculante real es, precisamente, parte del problema que este decreto busca resolver.

Ocho meses de espera, con este ritmo de agresión documentado, no son un retraso administrativo cualquiera: son vidas expuestas mientras el texto que podría fortalecer su protección permanece engavetado.

Hay una razón adicional, política y calendario, que hace urgente esta exigencia. El actual Gobierno entrega el poder el 7 de agosto de 2026. Organizaciones territoriales y plataformas nacionales ven un peligro Si el decreto de la PPIGLDDH no queda firmado y publicado antes del cambio de gobierno, ya que todo el proceso de concertación —años de trabajo con las organizaciones y plataformas corre el riesgo de quedar en un documento técnico sin fuerza jurídica, a merced de la voluntad política de una nueva administración que ya ha dado señales de reducir la institucionalidad de derechos humanos.

No hay margen para dilatar esta decisión un día más.

Las organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y personas de la sociedad civil que suscribimos esta carta le exigimos, señor presidente:

  1. La firma inmediata y sin modificaciones regresivas del decreto que adiciona el capítulo 3 del título 2, parte 2, libro 2 del Decreto 1066 de 2015, adoptando la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos, tal como fue concertado con las organizaciones sociales el 19 de noviembre de 2025.
  2. Su publicación oficial antes del 7 de agosto de 2026, para blindar jurídicamente lo avanzado frente al cambio de gobierno.
  3. La asignación presupuestal real que garantice que las cinco líneas estratégicas del Plan Integral —respeto, prevención, protección, justicia efectiva y garantías de no repetición— no se queden en el papel, como ha ocurrido con los 34 instrumentos jurídicos previos que el propio diagnóstico gubernamental reconoce como insuficientes.

Organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y personas de la sociedad civil firmantes:

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